El consentimiento informado es un principio fundamental en el ámbito de la atención sanitaria y se basa en el respeto a la autonomía de los pacientes para tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. Sin embargo, en el contexto de los internamientos involuntarios, la falta de consentimiento del paciente plantea preguntas sobre la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas y la adecuación de la regulación en España, especialmente en relación con las carencias legislativas del Código Civil.

En primer lugar, es necesario abordar la cuestión de la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. La legislación española no establece de manera clara y precisa los criterios que deben cumplirse para determinar si un individuo es capaz de comprender y valorar la información necesaria para consentir o rechazar un tratamiento, particularmente en el ámbito de la salud mental. Esta falta de claridad puede dar lugar a interpretaciones amplias o discrecionales por parte de los profesionales sanitarios y las autoridades, lo que aumenta el riesgo de vulneración de los derechos de los pacientes.

Por otro lado, la regulación actual en el Código Civil no aborda de manera adecuada el proceso de toma de decisiones respecto al consentimiento informado en casos de internamientos involuntarios. Aunque se reconoce el derecho del paciente a ser informado sobre su situación y las alternativas terapéuticas disponibles, la normativa no establece mecanismos efectivos para garantizar que el individuo tenga la oportunidad real de participar en la toma de decisiones sobre su tratamiento, especialmente en aquellos casos en los que se cuestione su capacidad.

En este sentido, una de las principales carencias legislativas en el ámbito del Código Civil español es la falta de un procedimiento claro y riguroso de evaluación de la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas acerca de su tratamiento. La regulación actual permite en ciertos supuestos el internamiento involuntario sin el consentimiento del paciente, lo que puede dar lugar a situaciones en las que se limite de manera desproporcionada el ejercicio de su autonomía y se ponga en cuestión su capacidad para decidir sobre su propio tratamiento.

Además, el control y supervisión judicial de los internamientos involuntarios pueden resultar insuficientes para garantizar el respeto al principio del consentimiento informado. Aunque la ley establece la obligación de comunicar al juez competente la realización de un internamiento involuntario, en la práctica, este control puede ser meramente formal, sin garantizar una revisión efectiva de la necesidad y proporcionalidad de la medida, así como del cumplimiento de los requisitos para el consentimiento informado.

Por otro lado, la normativa actual no ofrece garantías suficientes para el ejercicio del derecho a la revisión y apelación por parte de las personas internadas involuntariamente en relación con el consentimiento informado. La falta de acceso a un recurso efectivo y a una defensa adecuada puede socavar los derechos de los afectados y la justicia del proceso.