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Entender las sanciones de expulsión y devolución en España es crucial, no solo para los ciudadanos extranjeros que residan o visiten el país, sino también para los profesionales del ámbito legal que les asesoran. El marco legal que regula estos procedimientos se encuentra principalmente en la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX).
La Ley Orgánica de Extranjería (LOEX art. 58) establece que la sanción de expulsión de un ciudadano extranjero lleva consigo la prohibición de entrada en territorio español por un período que puede variar en función de las circunstancias del caso y que no excederá de cinco años.
En ciertos casos, como cuando el extranjero suponga una amenaza para la seguridad pública o la salud, se puede imponer una prohibición de entrada por hasta diez años. Esta medida excepcional tiene su fundamento en las preocupaciones sobre orden público y seguridad nacional.
Las devoluciones no requieren un nuevo expediente de expulsión si el extranjero ha sido expulsado previamente y contraviene la prohibición de entrada. En estos casos, la autoridad gubernativa competente acordará la devolución.
Un caso excepcional en el que se suspende la expulsión es cuando se presenta una solicitud de protección internacional. Del mismo modo, no se ejecutará la devolución en casos donde la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de una mujer embarazada.
Si el extranjero no abandona el territorio nacional en el plazo establecido para el cumplimiento voluntario, se procederá a su detención y posterior expulsión. Además, si la expulsión no se pudiera llevar a cabo en 72 horas, se puede solicitar una medida de internamiento regulada en la LOEX.
Es fundamental conocer las particularidades del régimen legal en España en relación con las sanciones de expulsión y devolución. No solo establecen un marco punitivo, sino que también ofrecen ciertos mecanismos de protección en casos especiales como las solicitudes de protección internacional o situaciones que involucren a mujeres embarazadas.
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