La responsabilidad patrimonial sanitaria en España protege a los ciudadanos, otorgándoles el derecho a indemnización por daños causados por los servicios públicos de salud. Este sistema objetivo no requiere demostrar culpa. Para reclamar, es necesario cumplir con requisitos legales, presentar pruebas sólidas y seguir procedimientos administrativos específicos, con plazos y documentación claros.