Este artículo relacionado con las denominadas actuaciones automatizadas y el uso de la inteligencia artificial para actuaciones asistidas. Este contenido tiene una finalidad informativa Por lo tanto, no debe considerarla como sustitutiva de la asesoría legal personalizada. Contamos con un equipo de abogados especializados en diversas ramas del derecho, incluyendo civil, penal, laboral y extranjería. Si desea profundizar en alguna cuestión legal o necesita asesoramiento personalizado, le invitamos a contactarnos a través de nuestro enlace. Estaremos encantados de atenderle y brindarle la asistencia legal que requiera.

1. Introducción

1.1. Real Decreto-ley 6/2023

En la vanguardia de la transformación digital en el ámbito judicial, el Real Decreto-ley 6/2023 emerge como un hito fundamental, delineando un horizonte donde la eficiencia, la accesibilidad y la adaptabilidad del sistema de justicia se ven radicalmente potenciadas. Esta legislación no solo se erige como testimonio del compromiso inquebrantable con la modernización tecnológica del servicio público de justicia, sino que también marca un punto de inflexión en la forma en que concebimos la interacción entre la tecnología y los procesos judiciales.

El núcleo de este avance legislativo yace en su audaz apuesta por incorporar tanto la automatización de actuaciones como el despliegue estratégico de la inteligencia artificial (IA) en el tejido de la administración de justicia. La premisa es clara: transitar de los métodos tradicionales, a menudo engorrosos y dilatados, hacia un sistema judicial ágil, donde la rapidez y la precisión no solo son posibles sino que se convierten en la nueva norma.

1.2. Importancia de la digitalización y la Inteligencia Artificial

En este contexto, el Real Decreto-ley 6/2023 no se limita a la mera implementación de herramientas digitales. Va más allá, al establecer un marco legal robusto que garantiza la interoperabilidad, la seguridad de la información y la protección de los datos personales, pilares indispensables en la edificación de una justicia digital eficiente y confiable.

La digitalización, en sus múltiples facetas, promete desmantelar barreras, optimizar recursos y democratizar el acceso a la justicia, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica o condición socioeconómica, puedan beneficiarse de un sistema judicial más transparente y accesible. Sin embargo, este tránsito hacia la digitalización plantea, a su vez, interrogantes fundamentales sobre el equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de los principios jurídicos tradicionales, una dualidad que el Real Decreto-ley 6/2023 aborda con una visión de futuro y un profundo respeto por los derechos fundamentales.

La introducción de actuaciones automatizadas y la inteligencia artificial en la justicia no solo simboliza un cambio de paradigma en la administración judicial sino que también refleja una respuesta adaptativa a los desafíos contemporáneos, procurando una justicia más eficiente, equitativa y alineada con las expectativas de la sociedad digital del siglo XXI.

2. Actuaciones automatizadas y actuaciones proactivas

2.1. Actuaciones automatizadas

Las actuaciones automatizadas, conforme al Real Decreto-ley 6/2023, representan un conjunto de procedimientos y respuestas generados por sistemas informáticos sin intervención humana directa en cada caso individual. Estos procedimientos están diseñados para gestionar tareas repetitivas o calcular resultados a partir de datos predefinidos. Ello contribuye significativamente a la eficiencia operativa del sistema judicial.

Esto abarca desde el numerado y paginado de expedientes hasta la remisión de asuntos al archivo bajo ciertas condiciones, la generación de copias, certificados y libros, así como la comprobación de representaciones y la declaración de firmeza conforme a la ley procesal.

Las actuaciones automatizadas se basan en reglas fijas. Estos automatismos no poseen la capacidad de aprender o adaptarse de manera autónoma a situaciones nuevas o complejas.

2.2. Actuaciones proactivas

El decreto también introduce el concepto de actuaciones proactivas, es decir, aquellas acciones automatizadas que se inician sin intervención humana y que utilizan información existente en expedientes para generar avisos o efectos directos para otros fines. Este enfoque promueve la colaboración entre distintas administraciones públicas para identificar actuaciones que puedan ser proactivas, estableciendo además los requisitos necesarios para su implementación.

3. Actuaciones asistidas

Las actuaciones asistidas se definen como aquellos procesos en los que el sistema de información de la Administración de Justicia es capaz de generar borradores totales o parciales de documentos complejos. Estos borradores, fundamentados en datos procesados por algoritmos, pueden servir como base o apoyo para una resolución judicial o procesal. Sin embargo, es crucial entender que estos borradores, por sí solos, no constituyen una resolución judicial o procesal definitiva sin la validación de la autoridad competente.

Este artículo estipula con claridad que cualquier borrador generado de esta manera no adquiere validez jurídica plena hasta que no sea validado por la autoridad competente, asegurando así el control humano esencial sobre las decisiones legales. Se enfatiza que estos sistemas deben diseñarse de manera que el borrador sólo se cree a petición del usuario, quien debe tener la libertad de modificarlo totalmente a su discreción.

La validación final de cualquier resolución judicial o procesal derivada de un borrador asistido por tecnología recae en la autoridad judicial competente, ya sea un juez, magistrado, fiscal, o letrado de la Administración de Justicia. Esta validación debe incluir no solo la aprobación del contenido del documento sino también su autenticación a través de los medios que la legislación vigente estipule, como la firma electrónica, asegurando así la integridad y la legalidad del proceso.

4. Aplicaciones actuales y futuras de la inteligencia artificial

Análisis predictivo

En la actualidad, el análisis predictivo se erige como una de las aplicaciones más impactantes de la inteligencia artificial en el ámbito judicial. Herramientas avanzadas de IA se encargan de examinar historiales de casos, permitiendo anticipar tendencias y posibles resultados de litigios.

Minería de textos y datos

Paralelamente, la minería de textos y datos destaca por su capacidad para procesar y analizar extensos conjuntos de documentos judiciales. Estas aplicaciones de IA extraen información crucial y descubren patrones que pueden influir significativamente en el desenlace de los casos. Al convertir grandes volúmenes de datos en información manejable y accionable, la minería de textos y datos refuerza la base de conocimiento sobre la que se sustentan las decisiones judiciales, facilitando un enfoque más informado y objetivo en la resolución de controversias

Asistentes virtuales para la gestión de casos

Mirando hacia adelante, la implementación futura de asistentes virtuales diseñados específicamente para la gestión y el seguimiento de casos judiciales promete revolucionar el sistema de justicia. Estos asistentes, potenciados por IA, tienen el potencial de optimizar la asignación de recursos y mejorar la comunicación entre las partes involucradas. Al automatizar tareas administrativas y ofrecer insights basados en el análisis de datos, estos asistentes virtuales permitirán a los profesionales del derecho centrarse en aspectos más estratégicos de sus casos.

Análisis de sentimiento y redes sociales

Además, el análisis de sentimiento y redes sociales se perfila como una herramienta de IA de gran valor para el futuro de la justicia. Mediante el análisis de la percepción pública y las reacciones en redes sociales ante decisiones judiciales específicas, estas herramientas proporcionarán una nueva dimensión de comprensión sobre el impacto social de las resoluciones judiciales. Esta perspectiva enriquecerá el proceso de toma de decisiones judiciales, permitiendo a los jueces y fiscales considerar no solo los aspectos legales sino también el contexto social en el que sus decisiones tendrán efecto.

4. Desafíos y Consideraciones Éticas

4.1. Interoperabilidad y seguridad

La implementación de la inteligencia artificial y las actuaciones automatizadas en el sistema judicial no solo abre la puerta a una nueva era de eficiencia y accesibilidad sino que también introduce desafíos significativos en términos de interoperabilidad y seguridad. La necesidad de que distintas plataformas y sistemas operen en consonancia es crítica para el fluido intercambio de información. Sin embargo, esto no debe comprometer la seguridad de los datos personales y sensibles que circulan en el sistema judicial.

Por otro lado, el desarrollo de un marco que soporte la interoperabilidad y la seguridad de manera efectiva requiere de un esfuerzo colaborativo entre expertos en tecnología, legisladores y profesionales del derecho.

Establecer estándares rigurosos y aplicar medidas de seguridad avanzadas son pasos indispensables para salvaguardar la privacidad y los derechos de las personas, creando así un entorno judicial donde la tecnología sirve como herramienta de apoyo sin comprometer los principios fundamentales de la justicia.

4.2. Aspectos éticos de la IA en justicia

La integración de la inteligencia artificial en el ámbito judicial no está exenta de importantes consideraciones éticas. La transparencia en el funcionamiento de los algoritmos de IA es fundamental para generar confianza entre los usuarios del sistema judicial. Los individuos tienen derecho a entender cómo se toman las decisiones que les afectan, especialmente cuando estas decisiones son mediadas por sistemas de IA. Este nivel de transparencia es crucial para asegurar que la tecnología no solo sea percibida como justa, sino que también funcione de manera equitativa en la práctica.

Además, la responsabilidad en el uso de la IA en el sistema judicial es un tema de profunda relevancia ética. Determinar quién asume la responsabilidad cuando un sistema de IA falla es una cuestión compleja que va más allá de los desafíos técnicos. Es necesario establecer marcos claros de responsabilidad que aseguren la rendición de cuentas en el uso de tecnologías avanzadas. Asimismo, abordar el potencial de sesgo en los algoritmos y proteger la privacidad de los datos son aspectos que deben ser cuidadosamente gestionados para respetar los derechos fundamentales y promover una justicia verdaderamente imparcial y respetuosa de la dignidad humana.