El caso Zapatero ha dado un giro relevante. Un auto del Tribunal Central de Instancia de Madrid, fechado el 18 de mayo de 2026, describe la existencia de una presunta red organizada dedicada al tráfico de influencias. El documento sitúa al expresidente del Gobierno como investigado y dibuja una estructura jerárquica con un reparto de funciones muy definido. En este artículo te explicamos, en términos jurídicos pero accesibles, qué dice exactamente el auto sobre cómo se habría articulado esa estructura y, sobre todo, por qué su forma importa tanto como su contenido.

Qué es el auto del caso Zapatero y en qué fase estamos

Conviene empezar por lo esencial. Un auto de instrucción no es una sentencia. No declara culpables ni fija hechos probados. Se limita a valorar indicios y a acordar diligencias de investigación. Por eso, todo lo que aquí se relata son sospechas fundadas, no certezas. Las personas mencionadas tienen la condición de investigadas, y les ampara la presunción de inocencia.

Dicho esto, el documento del caso Zapatero tiene un peso notable. Recoge el resultado de registros ya practicados, de informes policiales y de la colaboración de una agencia estadounidense. Sobre esa base, el magistrado considera que existen indicios racionales de criminalidad. En consecuencia, acuerda nuevas diligencias y cita a declarar al investigado. Es decir, la instrucción avanza, aunque el desenlace siga abierto.

El interés jurídico del auto no está solo en el relato. Está en cómo construye ese relato. El juez no describe hechos sueltos. Describe una organización. Y esa diferencia, como veremos, es la clave de toda la causa.

La estructura piramidal que describe el juez

El auto presenta una estructura estable y jerarquizada, organizada en tres niveles. En el vértice situaría a José Luis Rodríguez Zapatero. Según la resolución, ejercería el liderazgo estratégico y aportaría los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. La oficina de la calle Ferraz funcionaría como centro de coordinación de la red.

Por debajo, el documento describe un segundo nivel operativo. Ahí situaría a Julio Martínez Martínez, presuntamente encargado de captar clientes y de gestionar los encargos. A él se atribuye además el control del entramado societario por el que se habrían canalizado los fondos. En este escalón aparece también la figura de un intermediario con clientes, vinculado a la actividad en Venezuela.

El tercer nivel sería administrativo. El auto menciona a una secretaria de la oficina de Ferraz, que ejecutaría las órdenes y daría cobertura documental, y a un gestor encargado de la facturación elaborada a medida. De este modo, cada pieza tendría una función concreta dentro del conjunto. No hay, en el relato judicial, actores que improvisen. Hay un sistema.

El reparto de funciones, pieza a pieza

La fuerza del auto reside en este reparto. Veámoslo por partes, siempre según la versión indiciaria del juez.

En primer lugar, el liderazgo estratégico. El vértice aportaría algo que el resto no tiene, esto es, acceso a altos cargos nacionales y extranjeros. Sin ese acceso, la red carecería de objeto. Por eso el auto lo coloca en el centro de la coordinación.

En segundo lugar, la captación y la gestión. El segundo nivel haría de puente entre los clientes y el vértice. Recibiría las instrucciones, las trasladaría y administraría el dinero a través de sociedades. Esa intermediación es la que convierte un contacto personal en un servicio que se cobra.

En tercer lugar, la cobertura formal. El nivel administrativo generaría los documentos, las facturas y los contratos que dan apariencia de legalidad a la operativa. Según el auto, esas facturas se consensuaban antes de emitirse. Se acordaban el concepto y el importe, y solo después se firmaban. Para el instructor, ese detalle revela una facturación desconectada de cualquier servicio real.

Conviene un apunte sobre el lenguaje. El propio auto recoge cómo los investigados se referían a sí mismos. Hablaban de su grupo como un equipo y como una boutique financiera. Esa autodescripción, para el juez, refuerza la idea de una organización con conciencia de tal. No es un dato menor. Es justo lo que diferencia una relación profesional aislada de una estructura criminal.

Por qué el reparto funcional es la clave jurídica del caso Zapatero

Aquí está el punto decisivo del caso Zapatero. La pregunta jurídica no es solo si alguien influyó. Es si existía una organización dedicada a influir. Y la respuesta del auto se apoya precisamente en el reparto de tareas que acabamos de describir.

El delito que el instructor aprecia de forma indiciaria es el tráfico de influencias, tipificado en los artículos 428 a 430 del Código Penal. Este delito tiene una particularidad que sorprende a muchos. Es un delito de mera actividad. Basta con intentar influir en una autoridad para obtener una resolución con beneficio económico. No hace falta que la resolución llegue a dictarse. Tampoco que el beneficio se materialice. Dedicaremos a esta cuestión un análisis específico más adelante en el blog de Derecho Penal.

Si el delito se consuma con el simple acto de influir, lo determinante es probar la capacidad real de influencia. Y una organización con niveles, con contactos de alto nivel y con un sistema de cobro acredita esa capacidad mucho mejor que un contacto suelto. Por eso el instructor insiste tanto en la estructura. La forma de la red es, en sí misma, un indicio del fondo.

A ello se añade una segunda calificación. El auto aprecia también indicios de blanqueo de capitales, del artículo 301 del Código Penal. La razón es coherente con todo lo anterior. Si los fondos se cobraban mediante facturas ficticias y sociedades sin actividad, habría existido un mecanismo para ocultar su origen. La estructura societaria no sería decorado. Sería el instrumento. Analizaremos esa mecánica financiera en una entrada posterior sobre sociedades instrumentales y delitos económicos.

Qué significa estar investigado en el caso Zapatero

Llegados a este punto, conviene aclarar qué implica para una persona figurar como investigada. La condición de investigado no es una condena. Es una garantía. Permite a quien la ostenta conocer la causa, designar abogado y ejercer su defensa desde el primer momento.

En el caso Zapatero, el auto acuerda precisamente eso. Pone las actuaciones en conocimiento del investigado, le permite personarse y señala fecha para su declaración. Son trámites ordinarios de la instrucción. No prejuzgan el resultado.

Si te encuentras en una situación parecida, ya sea como investigado o como afectado por una causa penal compleja, hay tres ideas que conviene retener. En primer lugar, la defensa empieza en la instrucción, no en el juicio. En segundo lugar, cada diligencia admite recurso dentro de plazos breves. Y en tercer lugar, el silencio y la asistencia letrada son derechos, no señales de culpabilidad. Por eso resulta decisivo contar con asesoramiento desde el inicio, como explicamos en nuestra guía sobre la defensa en la fase de instrucción.

Conclusión, qué nos enseña el auto

El auto del caso Zapatero es, ante todo, una lección sobre cómo el Derecho Penal mira las organizaciones. No basta con narrar conductas. Hay que demostrar que esas conductas responden a una estructura con un fin común. El instructor lo intenta a través del reparto de funciones, de la autodescripción de los investigados y de la operativa societaria. Si esa estructura se confirma, el delito de tráfico de influencias encaja con facilidad, porque no exige resultado. Si no se confirma, todo el andamiaje se debilita.

De momento, estamos solo al principio. La instrucción continúa y la presunción de inocencia se mantiene intacta. En las próximas entradas analizaremos cada pieza por separado, desde el rescate de Plus Ultra hasta la conexión venezolana y la mecánica del dinero.

Si necesitas asesoramiento en Derecho Penal o ante una investigación judicial, en DIMMAO Abogados podemos ayudarte. Contacta con nuestro equipo y estudiaremos tu caso con la discreción y el rigor que merece.