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La sentencia del Tribunal Supremo del 8 de octubre de 2025 consolida la doctrina sobre los intereses moratorios automáticos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, obligando a los jueces a aplicarlos independientemente de su solicitud. Esto protege a los asegurados contra demoras injustificadas por parte de las aseguradoras.
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