El estigma social asociado a los trastornos mentales es una problemática arraigada y de gran relevancia en nuestra sociedad. Los internamientos involuntarios pueden contribuir a generar y perpetuar dicho estigma, lo que a su vez puede fomentar la discriminación y el aislamiento de las personas afectadas. Desde una perspectiva jurídica, es necesario analizar la regulación en España y las carencias legislativas del Código Civil en relación con los internamientos involuntarios y su impacto en el estigma social.
En primer lugar, la falta de criterios claros y rigurosos en la legislación española para justificar un internamiento involuntario puede conducir a la adopción de medidas restrictivas de la libertad personal en casos donde podrían explorarse alternativas menos invasivas y estigmatizantes. Esta situación puede generar un impacto negativo en la percepción social de las personas con trastornos mentales, quienes pueden ser etiquetadas como peligrosas o incapaces de tomar decisiones informadas sobre su tratamiento.
Además, la regulación en el Código Civil no aborda de manera adecuada la necesidad de garantizar el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas afectadas por internamientos involuntarios. La ausencia de disposiciones específicas en este sentido puede contribuir a perpetuar el estigma social y la discriminación hacia estas personas, al no proporcionar un marco jurídico que asegure su protección y respeto.
Por otro lado, la falta de claridad en la normativa española sobre el consentimiento informado y la evaluación de la capacidad de las personas para tomar decisiones en relación con su tratamiento puede generar situaciones en las que se adopten decisiones sobre el ingreso sin tener en cuenta la voluntad y las preferencias de las personas afectadas. Este enfoque puede reforzar la percepción de que las personas con trastornos mentales son incapaces de ejercer su autonomía y tomar decisiones informadas, lo que a su vez puede alimentar el estigma social y la discriminación.
Asimismo, el control y supervisión judicial de los internamientos involuntarios en España pueden resultar insuficientes para prevenir situaciones de abuso o vulneración de derechos que puedan contribuir al estigma social. Si bien la ley establece la obligación de comunicar al juez competente la realización de un internamiento involuntario, en la práctica, este control puede ser meramente formal y no garantizar una revisión efectiva de la necesidad y proporcionalidad de la medida. La falta de un control judicial riguroso puede dar lugar a situaciones de discriminación y estigmatización hacia las personas afectadas.
Finalmente, es necesario considerar la importancia de abordar el estigma social en el marco de las políticas públicas y la promoción de la salud mental. Las carencias legislativas en el Código Civil en relación con los internamientos involuntarios pueden verse complementadas por una falta de enfoque integral y multidisciplinario en la atención a las personas con trastornos mentales, lo que puede perpetuar el estigma y la discriminación.
En conclusión, los internamientos involuntarios en España pueden generar estigma social hacia las personas con trastornos mentales y perpetuar la discriminación y el aislamiento debido a las carencias legislativas del Código Civil. Es fundamental llevar a cabo una revisión y actualización
