Los artículos 24 y 25 de la Constitución Española establecen varios derechos procesales importantes para todas las personas, incluyendo la tutela judicial efectiva, el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, la defensa y asistencia de letrado, el derecho a ser informado de la acusación formulada, un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a usar todos los medios de prueba pertinentes para la defensa y la presunción de inocencia.

Además, la Constitución española protege otros derechos fundamentales, como el principio de igualdad (artículo 14), los derechos fundamentales y las libertades públicas (Sección Primera del Capítulo II), y la libertad de conciencia (artículo 30). Estos derechos tienen características comunes, como vincular a todos los poderes públicos, ser regulados solo mediante ley orgánica y tener efecto expansivo, lo que significa que deben ser interpretados de la manera más favorable para los derechos fundamentales de la persona.

La consolidación de estos derechos se logró después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de evitar las consecuencias negativas que esta causó a la humanidad. Estos derechos se incluyeron en las partes más blindadas de las nuevas constituciones y también en Tratados Internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.