Los letrados de la administración de justicia (LAJ) en España están en huelga indefinida desde el 24 de enero del presente año, exigiendo una adecuación salarial que equipare su nómina con el 85% del sueldo de los jueces y fiscales. Su trabajo es esencial para el funcionamiento diario de los tribunales y la huelga ha tenido graves consecuencias para los ciudadanos y los abogados. En cuatro semanas, la huelga ha obligado a suspender más de 150,000 juicios y vistas en toda España, a paralizar más de 120,000 demandas y a bloquear 560 millones de euros de las cuentas de consignaciones judiciales necesarias para pagar multas, indemnizaciones, embargos o manutenciones.

La huelga ha generado graves consecuencias tanto para los ciudadanos como para los abogados. Por un lado, los ciudadanos que requieren del servicio de los juzgados para resolver sus conflictos legales se han visto afectados en gran medida, ya que se han dejado de celebrar miles de juicios y vistas en todo el territorio español. Además, más de 720.000 expedientes han quedado paralizados, dejando a muchas personas en una situación de indefensión jurídica.

Por otro lado, los abogados también se ven afectados por la huelga de los LAJ, ya que su trabajo se ve enormemente afectado.

Por un lado, el mayor problema que enfrentan los abogados se relaciona con los juicios y vistas. El problema radica en que, a menudo, los abogados se preparan exhaustivamente para las citas programadas en un día determinado, se desplazan hasta el juzgado, y muchos casos, los funcionarios les informan solo horas antes de la cita que el juicio se va a suspender. Esto significa que el trabajo y la preparación que han realizado los abogados para el juicio se desechan y su tiempo y esfuerzo acaban siendo en vano.

Por otro lado,  al no estar presente el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) para impulsar los procedimientos, los expedientes se quedan paralizados. Ello es debido a que los LAJ son los encargados de dictar los decretos o diligencias de ordenación necesarios para que el procedimiento pueda seguir su curso, y su ausencia puede generar una paralización del proceso.

Los tribunales más afectados por la huelga son los de Andalucía, Madrid y Cataluña, y los servicios mínimos que se han establecido no han sido suficientes para cubrir la demanda de los ciudadanos. Por ejemplo, en Madrid se han cancelado más de 18.000 juicios y vistas, y hay más de 23.500 demandas paradas pendientes de reparto. En Cataluña, han quedado sin admitir a trámite 15.000 demandas civiles, sociales y contenciosas administrativas, y hay 720.000 expedientes paralizados en todas las jurisdicciones. En Andalucía, se han dejado de celebrar 26.758 juicios y actuaciones, 14.050 demandas y 39.100 escritos, y más de 51 millones de euros han quedado inmovilizados.

A pesar de los datos ofrecidos por los letrados en huelga, el Ministerio de Justicia considera que las reclamaciones salariales por parte de este colectivo no están justificadas ni responden a los intereses del Servicio Público de Justicia. Según el ministerio, la subida del salario de estos profesionales es del 14,76% entre 2022 y 2024, por lo que considera que el colectivo no tiene motivos para continuar con la huelga.

Sin embargo, la situación para los ciudadanos y los abogados es insostenible, ya que la huelga no parece encontrar una solución a corto plazo. La consecuencia más grave de la huelga de los LAJ es la indefensión jurídica que puede sufrir un gran número de ciudadanos. La indefensión jurídica es la situación en la que una persona no puede ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por causas ajenas a su voluntad. La huelga de los letrados de la administración de justicia puede provocar indefensión jurídica a los ciudadanos españoles que tengan juicios pendientes que se suspendan por la huelga de los LAJ. Esto puede afectar a sus derechos e intereses legítimos, así como al principio de seguridad jurídica.