El Congreso aprueba el proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

El proyecto de ley reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción fue aprobado por el Congreso de los Diputados en diciembre de 2022. El objetivo de la ley es garantizar la protección de los informantes y establecer los requisitos para los canales de comunicación. La norma ampara a aquellas personas que informen sobre corrupción, fraudes o violaciones de derechos en el contexto de una relación laboral o profesional. La ley traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo y refuerza el derecho a la libertad de expresión e información. La norma no incluye protección a todas las personas que informen, independientemente de su relación con la organización, y se limita a infracciones graves y muy graves del derecho interno.

La ley protege a una amplia gama de personas relacionadas con entidades públicas y privadas contra represalias por denunciar irregularidades o hacer públicas informaciones relacionadas con el trabajo. Estas personas incluyen empleados, trabajadores autónomos y por cuenta ajena, antiguos empleados, voluntarios, personal en prácticas, accionistas, miembros de la administración, personal de contratistas, subcontratistas y proveedores. La ley protege también a los miembros del entorno familiar o laboral del informante, así como a sus representantes legales. Los accionistas y directivos también están protegidos contra represalias financieras o de otro tipo.

En este proyecto se establece una protección para las personas que informen de manera de buena fe sobre infracciones en el ámbito laboral. Se considerará una presunción iuris tantum de que cualquier medida perjudicial tomada en contra de la persona informante es una represalia. En caso de represalias, los actos serán considerados nulos y pueden dar lugar a medidas disciplinarias y a una indemnización por daños y perjuicios. La protección incluye inmunidad frente a responsabilidades civiles, administrativas o laborales, pero no a la responsabilidad penal. La duración de la protección es de dos años, que pueden ser extendidos en casos excepcionales. Si una persona que participó en la comisión de una infracción denuncia antes de que se inicie un procedimiento sancionador o investigación, puede activarse un programa de clemencia.