La capacidad jurídica es un concepto clave en el ámbito del derecho, ya que se refiere tanto a la titularidad de derechos como a la capacidad para ejercerlos. En la nueva regulación, se parte del principio de que una persona con discapacidad se encuentra en igualdad de condiciones que el resto en cuanto a capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. Esta premisa es fundamental para garantizar la protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

La idea central de la reforma es proporcionar el apoyo que puedan necesitar las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este enfoque se basa en el respeto de la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad, y en el establecimiento de las salvaguardias necesarias en caso de que se precisen para garantizar sus derechos.

Este cambio en la regulación se encuentra en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que promueve un enfoque basado en los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. La CDPD insta a los Estados Parte a reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida y a tomar las medidas apropiadas para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan requerir en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica puede adoptar diversas formas, como la asistencia en la toma de decisiones, la representación legal y el acceso a recursos y servicios específicos. El objetivo de este apoyo es garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos y participar activamente en la sociedad, independientemente de su discapacidad.

Es fundamental que las salvaguardias establecidas en la nueva regulación sean adecuadas y proporcionadas, con el fin de evitar cualquier forma de abuso o vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Estas salvaguardias pueden incluir medidas de supervisión y control, la obligación de rendir cuentas y la garantía de acceso a recursos y mecanismos de reparación efectivos en caso de vulneración de derechos.

La nueva regulación también debe garantizar la igualdad de trato y no discriminación en el ejercicio de la capacidad jurídica, promoviendo la inclusión social y el respeto por la diversidad. Esto implica, por ejemplo, garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás y que puedan ejercer sus derechos y obligaciones en el ámbito personal, familiar, laboral y social.

En conclusión, la nueva regulación en materia de capacidad jurídica representa un avance significativo en la protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Al partir del principio de igualdad y proporcionar el apoyo necesario en el ejercicio de la capacidad jurídica, se promueve un enfoque basado en los derechos humanos y la inclusión social.