La llamada “economía de plataformas” está transformando el panorama laboral y, aunque pueda parecer un fenómeno limitado a ciertos sectores, como el de reparto de comida a domicilio, su expansión podría tener repercusiones más amplias y perjudicar al Estado del bienestar en su conjunto.

Esta economía de plataformas se basa en la intermediación a través de aplicaciones digitales, y en muchos casos, en la contratación de falsos autónomos. Este modelo de negocio, que se está extendiendo a diversos sectores y profesiones, presenta riesgos importantes en cuanto a la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

Cuando las empresas recurren a plataformas para contratar a profesionales en lugar de establecer relaciones laborales directas, se reduce la capacidad de los trabajadores para negociar sus condiciones laborales y se dificulta el control por parte de la Inspección de Trabajo. Además, el modelo de plataformas fomenta la competencia entre profesionales, lo que puede llevar a la precarización del empleo y la disminución de los salarios.

El problema no se limita a los trabajadores por cuenta ajena; también afecta a todo aquel que dependa de las prestaciones de la Seguridad Social. La proliferación de falsos autónomos reduce las cotizaciones al sistema, disminuyendo sus ingresos y generando presiones para recortar prestaciones, como las pensiones de jubilación o incapacidad.

Desde una perspectiva jurídica, es fundamental analizar cómo el modelo de economía de plataformas está incidiendo en la protección de los derechos laborales y en la sostenibilidad del Estado del bienestar. Es necesario abordar las lagunas legales que permiten la expansión de este modelo y asegurar que se garantice un marco de protección adecuado para todos los trabajadores.

La regulación actual no parece ser suficiente para frenar los riesgos asociados a la economía de plataformas, especialmente en lo que respecta a las garantías para los trabajadores y las cotizaciones a la Seguridad Social. Es necesario que los juristas, legisladores y autoridades competentes trabajen en conjunto para desarrollar un enfoque más efectivo en la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad del sistema de bienestar.