La reciente Ley de Vivienda ha creado un mar de incertidumbre en cuanto a su efectividad y aplicación. Se cuestiona si las medidas que contempla han nacido con un horizonte limitado, o si, por el contrario, podrán implementarse con éxito. En este artículo, analizaremos algunas de las las disposiciones de la Ley y las posibles consecuencias de las fluctuaciones políticas en su vigencia.

La vigencia inquebrantable de la Ley de Vivienda

Es fundamental destacar que, a pesar de los cambios políticos, la Ley de Vivienda no ha sido derogada. Las elecciones del 28 de julio o cualquier otro proceso electoral no afectan directamente a su vigencia. La Ley de Vivienda permanece en vigor con ciertas normas aplicables desde el 26 de mayo, que son de aplicación directa y no requieren desarrollo reglamentario ni intervención por parte de las Comunidades Autónomas.

Los topes en los precios del alquiler

Uno de los aspectos más debatidos de la Ley son los topes en los precios del alquiler. Desde marzo de 2022, la Ley establece regulaciones que afectan principalmente a los grandes tenedores de vivienda. En concreto, la actualización de las rentas para estos grandes tenedores se fija por el Índice de Garantía y Competitividad, que no puede superar el 2%. Este índice se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023.

Durante 2024, la Ley establece que en contratos de arrendamiento de vivienda, el incremento no puede exceder el 3% para grandes tenedores, definidos como personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 inmuebles de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m² de uso residencial (excluyendo garajes y trasteros). Para arrendadores que no sean grandes tenedores, el incremento será el acordado entre las partes, o, en ausencia de acuerdo, no podrá ser más del 3%.

El efecto de las elecciones en la Ley de Vivienda

El cambio en el panorama político genera interrogantes sobre el futuro de la Ley de Vivienda. Específicamente, hay incertidumbre sobre qué medidas serán implementadas, dado que algunas requieren desarrollo reglamentario por parte del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Ante las elecciones generales del 23 de junio, el desarrollo reglamentario de la Ley de Vivienda por parte del Estado parece poco probable. Si el Partido Popular (PP) llegase al gobierno, es incierto si procederá al desarrollo reglamentario de la Ley, o si, por el contrario, buscará su derogación, total o parcial.

Posibles desafíos constitucionales

Existe la posibilidad de que se presenten recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda, argumentando que invade competencias autonómicas. Cabe recordar que en el pasado ha habido casos similares, como en Cataluña. Aunque hasta la fecha no se ha interpuesto ningún recurso de inconstitucionalidad, el plazo para hacerlo se extiende hasta el 25 de agosto.

En definitiva, la Ley de Vivienda contiene preceptos de aplicación directa, pero también muchos que requieren un desarrollo normativo cuyo futuro es incierto. Además, la posibilidad de recursos de inconstitucionalidad y los cambios políticos añaden más interrogantes sobre el destino de esta Ley. Es imprescindible mantenerse atento a los desarrollos políticos y legales para comprender el impacto real de esta legislación en el mercado de la vivienda.