Introducción
En el ámbito de las telecomunicaciones, la nueva Ley General de Telecomunicaciones 11/2022, de 28 de junio, ha sido promulgada con el objetivo de regular de manera exhaustiva el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Esta ley deroga la anterior Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, a excepción de algunas disposiciones adicionales y transitorias.
El surgimiento de esta ley se debe a la necesidad de transponer la Directiva Europea del Parlamento Europeo y el Consejo de 11 de diciembre de 2018, mediante la cual se establece el Código Europeo de las Comunidades Electrónicas. Este marco normativo europeo establece los requisitos mínimos que deben cumplir los Estados miembros en materia de inversiones en redes de telecomunicaciones y la cooperación entre las Administraciones Públicas.
Una ley ambiciosa
La Ley General de Telecomunicaciones 11/2022 es un documento denso y complejo que va más allá de las directrices mínimas establecidas por la Directiva Europea. Esta ley actualiza los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas, estableciendo diferencias entre los servicios de acceso a internet, los servicios de comunicaciones interpersonales y los servicios de transporte de señales.
En el caso de los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, conocidos como OTT (operadores “over the top”), la ley establece un marco de obligaciones adicionales. Esto incluye medidas para la gestión de riesgos en seguridad y una mayor presencia en el registro de operadores.
El servicio universal y los derechos de los usuarios
La Ley General de Telecomunicaciones 11/2022 también aborda el tema del servicio universal, el cual se entiende como un servicio de acceso adecuado y disponible a internet a través de una conexión fija. Este acceso debe ser asequible y ofrecer servicios considerados básicos, como el acceso a noticias, la banca online, el correo electrónico, entre otros. En este sentido, se dejan atrás servicios obsoletos como las cabinas telefónicas.
Asimismo, la ley refuerza los derechos de los usuarios establecidos en la Directiva Europea. En este aspecto, la Ley General de Telecomunicaciones desarrolla en mayor medida el derecho a la información, como manifestación del principio de transparencia. Por ejemplo, se establece la obligación de proporcionar a los usuarios un documento con las condiciones detalladas antes de la contratación, así como la limitación de la duración del contrato a un máximo de 2 años, permitiendo al usuario decidir si desea renovarlo o cambiar de proveedor.
La protección de datos también es prioritaria en esta ley, y se exige el consentimiento de los usuarios como garantía fundamental. Además, se otorga especial importancia al derecho de portabilidad de los datos, permitiendo a los usuarios cambiar de proveedor o conservar su saldo prepago, entre otras medidas.
Beneficios para los operadores y el papel de la CNMC
La Ley General de Telecomunicaciones 11/2022 también establece beneficios y medidas de colaboración para los operadores de redes. Se promueve la instalación y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, reconociendo a las Administraciones Públicas la competencia de hacerlo directamente, sin necesidad de intermediarios.
En este contexto, cobra especial relevancia el papel de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que ya tenía una presencia significativa en la normativa anterior y que adquiere un papel fundamental en la nueva ley. La CNMC tiene diversas funciones destacables en los ámbitos mencionados anteriormente.
En primer lugar, se le atribuye la función de gestor del Registro de Operadores, lo que implica la supervisión y control de los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas. Asimismo, la CNMC puede establecer medidas como obligaciones de acceso o compartición de redes de alta capacidad en el interior de edificios.
En el ámbito del servicio universal, la CNMC tiene la responsabilidad de supervisar el desarrollo y las tarifas de los operadores, garantizando la protección de los usuarios, especialmente aquellos con dificultades económicas y sociales.
Además, en el ámbito de la gestión del dominio público radioeléctrico, la CNMC fortalece sus competencias consultivas y asume la regulación de la itinerancia internacional y las llamadas intracomunitarias.
Por último, la CNMC se convierte en la autoridad competente para la resolución de conflictos entre los diferentes operadores, lo que refuerza su posición como organismo regulador y supervisor del sector de las telecomunicaciones.
Conclusión
La Ley General de Telecomunicaciones 11/2022 marca un importante avance en la regulación del sector de las telecomunicaciones en España. Esta ley, que deroga la normativa anterior, incorpora las directrices establecidas por la Directiva Europea y establece medidas más ambiciosas para garantizar el acceso adecuado a internet, proteger los derechos de los usuarios y fomentar la colaboración entre operadores y Administraciones Públicas.
Con el papel destacado que adquiere la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, se refuerza la supervisión y control del sector, así como la resolución de conflictos entre los operadores. La Ley General de Telecomunicaciones 11/2022 es un paso hacia adelante en la adaptación del marco legal a los avances tecnológicos y las necesidades de los usuarios en el ámbito de las comunicaciones electrónicas.
