El error de prohibición es un concepto fundamental en el derecho penal español que se refiere a la creencia errónea de estar actuando de manera lícita. Este concepto es regulado en el artículo 14.3 del Código Penal y es importante para entender la responsabilidad criminal de una persona en una situación en la que se comete un delito sin saber que es ilegal.

Para que una conducta sea considerada delictiva, debe cumplir ciertos requisitos, como ser típica, antijurídica, culpable y punible. La culpabilidad incluye la conciencia de antijuricidad, es decir, la persona debe conocer que su conducta es ilícita para ser considerada responsable criminalmente.

Sin embargo, existen situaciones en las que una persona puede cometer un delito sin saber que es ilegal. Este es el caso del error de prohibición, que puede ser de dos tipos: el error directo, cuando el sujeto desconoce la prohibición, y el error indirecto, cuando el sujeto conoce la prohibición pero cree que existen circunstancias que la justifican.

Además, el error de prohibición puede ser vencible o invencible. El error vencible es aquel que podría haberse evitado si el sujeto hubiera prestado la debida diligencia, mientras que el error invencible es aquel que no podría haberse evitado. En el caso del error invencible, el sujeto está exento de responsabilidad criminal, mientras que en el caso del error vencible la pena se reduce.

La jurisprudencia española ha establecido que el error de prohibición es una figura compleja y cada caso debe ser analizado cuidadosamente. Por ejemplo, la Sentencia 4537/2017 del Tribunal Supremo refiere al error de prohibición como «el reverso de la conciencia de antijuridicidad» y afirma que su existencia dependerá de las circunstancias del caso.

Es importante tener en cuenta que no se puede invocar el error de prohibición en todas las situaciones. La jurisprudencia ha establecido que no es aceptable la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente, como por ejemplo, el fraude o la estafa. Además, la STS nº 302/2003 establece que es necesario que el sujeto tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad para no considerar el error de prohibición.