Introducción
El procedimiento de expulsión de extranjeros del territorio español es una medida que puede acarrear graves consecuencias para la persona afectada. Revocar una orden de expulsión resulta necesidad para aquellos que enfrentan tal decisión administrativa.
Este artículo explora cómo revocar una orden de expulsión a través de la vía judicial, destacando la relevancia del Recurso Contencioso-Administrativo como una herramienta viable para conseguir este objetivo.
La orden de expulsión: normativa
La expulsión del territorio español se contempla cuando un extranjero comete infracciones tipificadas como graves o muy graves, según el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta medida implica la extinción de cualquier autorización para residir o trabajar en España, y se tramita mediante un expediente administrativo, culminando en una resolución motivada (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015).
Vías de recurso de una orden de expulsión.
Existen varias vías para interponer un recurso contra una orden de expulsión. Una de ellas es el recurso de reposición ante la Subdelegación de Gobierno que emite la resolución. Sin embargo, de acuerdo con la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el recurso contencioso-administrativo tiene mayores posibilidades de éxito, especialmente si se interpone dentro del plazo de dos meses desde la notificación de la resolución.
El recurso contencioso-administrativo
El Recurso Contencioso-Administrativo es un proceso judicial que puede adoptar diversas formas: ordinarios, abreviados o especiales. En el caso de expulsiones, el más adecuado suele ser el Recurso Contencioso Administrativo Abreviado. Este proceso guarda similitudes con el juicio verbal de la jurisdicción civil y es predominantemente oral, lo cual lo distingue de otros procedimientos que son principalmente escritos.
La Sentencia 366/2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, establece criterios importantes para evaluar la procedencia de una orden de expulsión. Esta sentencia resalta la importancia de considerar circunstancias individuales, como la ausencia de antecedentes penales o policiales, el ingreso al país por un puesto fronterizo habilitado y la no representación de un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, al evaluar la orden de expulsión.
Es vital que el recurso incluya una solicitud de suspensión cautelar de la ejecución de la resolución de expulsión. Esto permitirá que el afectado no tenga que abandonar el país de manera inmediata y podrá ganar tiempo para regularizar su situación migratoria.
Desarrollo del proceso judicial
Una vez presentada la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia evaluará diversos aspectos del caso y dará curso al procedimiento. Si la Administración demandada no remite el expediente con al menos 15 días de antelación al día de la vista, podría ser sancionada con multas que van desde los 300 hasta los 1.200 euros.
Conclusión
A través del Recurso Contencioso-Administrativo, los afectados por una orden de expulsión tienen una oportunidad tangible para revertir dicha decisión. Es un camino que requiere una estrategia legal sólida y un conocimiento detallado de las leyes y jurisprudencia aplicables.
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