El principio acusatorio es una norma fundamental del sistema procesal penal español. En virtud de ella, la acusación contra una persona debe ser efectuada por la parte que pretenda hacer valer una pretensión punitiva, ya sea la Acusación particular, popular o el Ministerio Fiscal.

Este principio supone una garantía para el imputado, ya que asegura que no será perseguido o sancionado por la autoridad sin que antes se haya efectuado una acusación formal y concreta contra él. Además, el imputado debe tener conocimiento de los hechos que se le imputan y de las pruebas en que se basa la acusación, para que pueda ejercer su derecho a la defensa.

El principio acusatorio en España se encuentra recogido en el Código Penal (CP), en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y en la Constitución Española (CE). Su importancia radica en que asegura un equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad.

El principio acusatorio en España requiere que el acusado conozca previamente la acusación formulada en su contra para poder defenderse de ella, con un escrito de conclusiones definitivas que contenga hechos relevantes y esenciales. La acusación debe ser expresa y no vaga o indeterminada.

Es importante destacar que el principio acusatorio en España se aplica tanto en procedimientos penales ordinarios como en procedimientos especiales, como los juicios rápidos.

En resumen, el principio acusatorio es una garantía fundamental para los ciudadanos y un pilar esencial del sistema procesal penal español. Su cumplimiento permite garantizar un proceso justo y equilibrado, que proteja tanto los derechos del imputado como los intereses de la sociedad.